El comentario de hoy, martes 1 de julio 2025

Las luces de alerta se han encendido a raíz de iniciativas aprobadas en el Senado de la República, cuya tendencia es acotar, limitar y sancionar la libre expresión. Cada vez, aunque para muchos ciudadanos pase desapercibido, la mayoría de legisladores que despachan en la Cámara Alta, han ido demoliendo el clima de libertades que nos otorga la Constitución y que, pese a sus claroscuros, nos han identificado como una nación democrática.

En su reunión de 1994 en la Ciudad de México, la Sociedad Interamericana de Prensa –la SIP- que aglutina hoy en día a centenas de diarios impresos y plataformas digitales de América Latina, aprobó la Declaración de Chapultepec, en donde establece que “no hay sociedades libres ni estados que se asuman democráticos en donde se conculca la libertad de expresión”.

México se sigue perfilando, lenta e inexorablemente, como una dictadura. El pasado 25 de junio, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 445 votos, la reforma que crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también llamada “Ley espionaje”, que da al gobierno acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas, bajo el argumento de la persecución de delitos.

El actual régimen tiene todos los elementos para usar dicha ley, en contra de adversarios políticos, periodistas y organizaciones civiles, que le sean incómodas, con el sólo hecho de ubicarlas como parte de la investigación de un delito. Un breve recuento de las bajezas y torpezas que se han aprobado en el Congreso de la Unión, herencia perniciosa del régimen anterior y lo poco que va de éste, dan cuenta que la censura y la persecución serán la pauta en breve.

De la famosa iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que también fue aprobada la semana pasada en el Senado de la República, se busca controlar y censurar los contenidos en redes sociales y plataformas digitales. Para los especialistas, ambas iniciativas representan una de las peores afrentas a los derechos humanos, dado que los datos personales, biométricos, de huellas dactilares y rostros, pueden ser usados por el gobierno, así no haya mandato judicial.  

Tal parece que la presión que sigue ejerciendo el gobierno norteamericano, en diversos rubros: migración, lavado de dinero, el intento de acabar con los cárteles de la droga, la suspensión de visas a funcionarios y miembros de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre otros, mantiene sin cuidado a los operadores legislativos. Soberbios y fanáticos, van con todo para acabar con lo poco que nos queda de Estado democrático.

Luego de la demolición del Poder Judicial, a través de un proceso viciado, irregular y severamente cuestionado por 5 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, y entregarlo –salvo excepciones- a la mediocridad y a alfiles del narco, no nos queda más que esperar a que el gobierno de México se convierta, ahora sí, en el enemigo público que tanto deploran en la estructura política del vecino del Norte. (JPA)